Huelva, España — Tras el accidente de Acerinox en 1998, se enterraron en las marismas de Huelva más de 7.000 toneladas de materiales contaminados por cesio-137 radiactivo. Greenpeace acusa al Consejo de Seguridad Nuclear, al Ministerio de Industria y a la Junta de Andalucía de haber instalado una “bomba de relojería radiactiva” en las inmediaciones de la ciudad de Huelva.
Greenpeace ha descubierto fugas del isótopo radiactivo cesio-137 al río Tinto, en las marismas de Huelva, a escasos centenares de metros de la ciudad de Huelva, procedentes de las más de 7.000 toneladas de material contaminado radiactivamente por el accidente de Acerinox en 1998. Éstas se enterraron de forma incontrolada en el denominado Centro de Recuperación de Inertes (CRI) nº9, ubicado en las Marismas de Mendaña.
Este importante hallazgo se debe a un grupo de expertos internacionales en materia de protección radiológica pertenecientes a la organización ecologista, que a instancias de Greenpeace España se han reunido desde el pasado lunes en la ciudad de Huelva para analizar la problemática de la contaminación radiactiva que sufren las marismas de los ríos Tinto y Odiel.
Mediante la utilización de equipos especializados de medición de la radiactividad, este grupo de expertos ha descubierto la vía de escape al medio ambiente del cesio-137 de ese depósito incontrolado. A través de filtraciones del terreno, el cesio-137 está incorporándose a las aguas de un afluente (estero) de la Rivera de la Nicoba, que poco después confluye en el río Tinto.
El cesio-137 es un elemento radiactivo altamente peligroso, incluso en cantidades muy pequeñas, cuyos perniciosos efectos para la salud son sobradamente conocidos.
Greenpeace acusa al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y a la Junta de Andalucía de haber actuado de forma altamente irresponsable al verter esos residuos de forma incontrolada y, con ello, haber provocado un grave problema de contaminación radiactiva por cesio-137 en las aguas del río Tinto, en las inmediaciones de la ciudad de Huelva.
El 12 de junio de 1998, tras ocultarlo a la opinión pública durante dos semanas, el CSN se vio forzado a reconocer que la nube del isótopo radiactivo cesio-137 que estaba recorriendo media Europa y había hecho saltar todas las alarmas en el viejo continente, se debía a un accidente en la factoría que Acerinox tiene en Algeciras (Cádiz). En sus instalaciones se había fundido accidentalmente una fuente de cesio-137 días antes, el 25 de mayo, que se liberó a la atmósfera y contaminó a su vez las escorias de la fundición, los hornos y otros equipos de la planta.
Las autoridades nucleares de Francia, Suiza, Italia, Alemania llevaban días preguntándose por el origen de la contaminación detectada, que en algunos puntos había llegado a ser de hasta 1.000 veces superior a la radiactividad de fondo natural.
La tardía reacción de Acerinox y del CSN, sumado a la nefasta gestión del accidente, provocó a su vez la contaminación radiactiva de la Planta de Inertización de Palos de La Frontera, a donde fueron enviadas las cenizas de los hornos de Acerinox.
El total de materiales contaminados por cesio-137 ascendió finalmente a 7.131 Tn, según datos del CSN, quien reconoce que este material presenta niveles de radiactividad equivalentes a más de 3.500 veces los permitidos por la legislación.
Por oscuras razones completamente ajenas a los criterios de seguridad y protección radiológica, el CSN, ENRESA/Ministerio de Industria y Junta de Andalucía, acordaron no considerar estos materiales como residuos radiactivos y por lo tanto no confinarlos en el cementerio nuclear de El Cabril.
En su lugar se decidió, como hemos visto, verterlos en el CRI-9, tratando de camuflarlos entre la radiactividad de los fosfoyesos vertidos por Fertiberia en las marismas, y recubrirlos de una capa de arcilla, lo que sería, para el CSN, la “actuación más adecuada”. En 2001, Acerinox se vio obligada, mediante sentencia judicial, a pagar unos 3 millones de euros a EGMASA, empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, en quien recayó la responsabilidad de poner en marcha un Plan de Vigilancia para controlar con la supervisión del CSN, durante al menos 30 años, la evolución de este vertido de materiales contaminados por cesio-137 y evitar su intrusión en el medio ambiente. Este Plan de Vigilancia se puso en marcha, oficialmente, a finales de 2001.
“La decisión de enterrarlos de forma descontrolada se ha demostrado claramente errónea y peligrosa para la salud pública y el medio ambiente, y desde luego la gestión de la empresa EGMASA y la supuesta supervisión del CSN han fracasado estrepitosamente”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.
Greenpeace estudia en estos momentos posibles actuaciones legales con el fin de que se depuren responsabilidades en este asunto.
Fuente: Greenpeace España
El CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) es la máxima autoridad nacional autorizada para evaluar las condiciones de seguridad de todas las instalaciones radiactivas en España. Por tanto, tienen la obligación de velar por la seguridad de las instalaciones radiactivas, y el poder (y la responsabilidad) de permitir o denegar el permiso para abrirlas, usarlas, mantenerlas o clausurarlas. El CSN adiestra a sus inspectores para ser extremadamente escrupulosos con medidas tales como comprobar que no se alcanzan valores detectables de radiación en las zonas de trabajo de los laboratorios, o que los refrigeradores donde se almacenan sustancias radiactivas estén cerrados con candados. También obliga a los responsables de las instalaciones radiactivas a hacerse chequeos médicos periódicos, y al cumplimiento riguroso de una burocracia extenuante y continua. Todo, por supuesto, en aras de una seguridad extrema para los ciudadanos, a costa de un sacrificio de tiempo y un entorpecimiento inmenso de las tareas investigadoras de los científicos. Pero si es el precio que hay que pagar por vivir con la tranquilidad de que nadie incumple la normativa al respecto, se acepta de buen grado.
Ahora que el CSN y la Junta de Andalucía son los que han causado un desastre radiactivo en una región de incalculable valor turístico y ecológico (no olvidemos la proximidad de las playas más frecuentadas de España y del Parque Nacional de Doñana a la zona afectada por el desastre), en estos organismos de control y de gobierno deberían rodar algunas cabezas. ¿Qué confianza podemos tener en las autoridades del CSN y de la Junta de Andalucía, si son inflexibles con las actuaciones de los demás, pero se permiten a sí mismos la licencia de hacer estas barbaridades?
En la sección de Noticias de la web del CSN no se hace mención a este incidente. Así que está en la conciencia y la buena voluntad de cada cual el darle a estas noticias el eco que no alcanzarán en los medios donde deberían tratarse.
